Nieto asegura que la Junta puede retirar ya los restos de Queipo de Llano de la Macarena pero le falta "voluntad política"

 

La portavoz adjunta del grupo parlamentario de IU Andalucía, Inmaculada Nieto, ha asegurado en la mañana de hoy que la Ley de Memoria Democrática de Andalucía ofrece “sobradas atribuciones” a la Junta de Andalucía para afrontar de inmediato la retirada de los restos de Queipo de Llano de la Basílica de la Macarena. En este sentido, Nieto ha criticado la “patada hacia delante” del Gobierno de Susana Díaz al anunciar que un grupo de expertos dirimirá al respecto, y ha lamentado que tras año y medio de vigencia de la ley se siga manteniendo la polémica sobre la posición que ocupa en la sevillana Basílica de la Macarena los restos de Queipo de Llano.

Nieto ha calificado de "absoluta indolencia" -por parte de la Junta de Andalucía- que, "teniendo la herramienta legal para acabar con esta imnonimia, no actúe"  y mantenga en un espacio público los restos de una persona "sanguinaria, psicópata del régimen, provocador de torturas, padecimientos y asesinatos que justifican sobradamente que desde hace mucho tiempo no ocupe el lugar público preferente que ocupan sus restos".

En esta línea, Nieto ha transmitido su preocupación porque la ley, pese a recoger  "aceptablemente" las reivindicaciones del movimiento memorialista -"artífice fundamental de su redacción"-, no ha contado con la financiación necesaria. Nieto ha apuntado que esta ausencia de acompañamiento presupuestario ha provocado que las expectativas se hayan ido “frustrando o moderando demasiado” para las familias que esperan la reparación del daño causado.

La portavoz adjunta del grupo parlamentario de IU ha señalado que el Plan de Memoria que se está elaborando con método participativo recoge para financiar el despliegue de la Ley y su materialización hasta 2022, 9,5 millones de euros en total, muy por debajo de los  8 millones de euros al año durante una década que reclama IU Andalucía. En última instancia, Nieto ha denunciado la "falta de voluntad política" del gobierno andaluz aprobando leyes "muy ansiadas por la sociedad"  pero "sin dotación de recursos financieros".